Enfermeras extranjeras explotadas por compañía neoyorquina ganan indemnización por más de $660,000
La Fiscalía de Nueva York logró un acuerdo para que un grupo de 71 trabajadoras de la salud reciban compensación
La Fiscal Letitia James alcanzó un acuerdo con una compañía acusada de explotar a enfermeras extranjeras. Crédito: Edwin Martínez | Impremedia
Una de las principales batallas que ha librado la Fiscalía del Estado de Nueva York tiene que ver con el robo de salarios y la protección a los derechos laborales de trabajadores neoyorquinos, y esta vez esa oficina acaba de anotarse un triunfo a favor de enfermeras extranjeras, víctima de una compañía contratista.
Así lo dio a conocer la Fiscal Letitia James, tras revelar que luego de una investigación adelantada por su oficina, un grupo de 71 trabajadoras de la salud lograron recuperar más de $660,000, tras comprobarse que la firma Advanced Care Staffing contrató a enfermeras extranjeras y su director ejecutivo, Sam Klein, las sometió a contratos de explotación.
La Fiscal aseguró que las trabajadoras fueron víctimas de tráfico laboral ilegal ya que la empresa ACS las obligó a firmar, sin saberlo, contratos de trabajo abusivos que incluían sanciones económicas por renuncia anticipada o despidos hasta por $20,000. Algunas enfermeras renunciaron por problemas como turnos dobles obligatorios y semanas sin días libres.
“Mi oficina siempre luchará para garantizar que el personal de enfermería de todo Nueva York pueda continuar su labor vital sin sufrir maltrato ni intimidación. Y Advanced Care Staffing explotó a enfermeras vulnerables, las hizo firmar contratos injustos y las obligó a pagar sanciones económicas ilegales”, dijo la Fiscal James. “El personal de enfermería es la columna vertebral de nuestro sistema de salud y merece un trato justo y equitativo. Ningún trabajador de Nueva York debería verse obligado a elegir entre su seguridad financiera y sus derechos fundamentales”.
La jefe de la agencia de investigaciones explicó que dentro del acuerdo alcanzado con la compañía, ACS deberá pagar los $663,668 a la Fiscalía, que será la entidad encargada de distribuir entre las 71 enfermeras afectadas, al tiempo que no podrán imponer futuras multas financieras y condonar cualquier deuda pendiente de las empleadas. Asimismo, la empresa debe garantizar que todos los trabajadores puedan contar con un representante presente durante cualquier negociación futura relacionada con incumplimiento de contrato.
“ACS también deberá notificar a todos los trabajadores sobre sus derechos bajo las leyes laborales estatales y federales, incluida la Ley de Protección de Víctimas de la Trata de Personas”, agregó la Fiscalía de Nueva York. “La Fiscal General James exige a ACS que colabore con una organización comunitaria para brindar capacitación periódica a los empleados, detallando sus derechos bajo la ley, así como las medidas a las que tienen derecho como parte de este acuerdo. ACS también debe modificar sus contratos para eliminar las cláusulas de no competencia ilegales y limitar la duración de los contratos a 5,460 horas, incluidas las horas extras”.
Otro de los acuerdos logrados por la Fiscalía es que la compañía señalada debe designar un oficial de cumplimiento que tendrá que informar periódicamente a la Fiscalía sobre la implementación del acuerdo y sobre todas las retenciones que se le hagan a las empleadas, con una justificación detallada.
Sobre la compañía denunciada, la Fiscalía mencionó que es “una agencia de contratación de personal sanitario con fines de lucro que recluta a personal de enfermería capacitado de países extranjeros para trabajar en centros de salud y residencias de ancianos en la ciudad de Nueva York, Westchester y Long Island”. ACS ha reclutado a docenas de personal de enfermería de otros países desde 2013, ofreciendo patrocinio para obtener visas y cubrir los gastos de transporte y el proceso de inmigración.
La Fiscalía mencionó que inició la investigación en 2023 tras enterarse de que las enfermeras tenían que soportar presiones constantes sobre las condiciones como carga laboral, turnos dobles obligatorios y falta de apoyo y personal.
“En cinco años, ACS obligó a 71 enfermeras a pagar la cuota de renuncia: 24 enfermeras pagaron hasta $7,000, 18 pagaron entre $8,000 y $10,000, 24 pagaron entre $11,000 y $15,000, y cinco pagaron $20,000”, dijo la entidad.
“La Fiscalía determinó que ACS incurrió en un patrón de comportamiento coercitivo y violó reiteradamente la ley que prohíbe a las empresas explotar a personas con fines laborales mediante amenazas de fuerza, acciones legales o daños, incluyendo perjuicios económicos”, agregó.
La Fiscalía de Nueva York reitera a todos los trabajadores que sean víctima de abusos laborales y robo de salarios, tiempo de descanso o discriminación ilegal, a que lo denuncien.
